Un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida determinó que la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands Interntional, es responsable de haber financiado al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después que la empresa aceptara haber pagado 1.7 millones de dólares al grupo paramilitar entre 1997 y 2024.
El juicio interpuesto por nueve personas en una serie de demandas víctimas de las fuerzas paramilitares en contra de la compañía, inició en 2007.
El veredicto emitido el lunes por un jurado de West Palm Beach representa la primera ocasión en que una compañía es declarada responsable en una de las múltiples demandas similares pendientes en otros tribunales estadounidenses, según los abogados de los demandantes. También es una inusual sentencia contra una empresa privada estadounidense por abusos contra los derechos humanos en otros países.
“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: no quedarán impunes quienes se beneficien de violaciones de los derechos humanos. Estas familias, víctimas de grupos armados y empresas, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, declaró en un comunicado de prensa Marco Simons, asesor jurídico de EarthRights International y abogado de uno de los demandante
El jurado de este proceso civil concluyó que los demandantes presentaron pruebas de que la empresa “proveyó asistencia sustancial a las AUC en la forma de pagos en efectivo y otros medios a un grado suficiente para crear un riesgo posible para otros”, señala el veredicto, obtenido por CNN.
Las AUC fue una organización paramilitar, narcotraficante, terrorista y contrainsurgente de extrema derecha que participó en el conflicto armado interno en Colombia entre 1997 hasta su desmovilización en 2006.
El tal sentido el presidente de Colombia, Gustavo Petro reaccionó al fallo preguntando por qué la justicia colombiana no llegó a este misma conclusión.
“¿Por qué la justicia de EE.UU. pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”, dice el mensaje del presidente.
El texto de la sentencia declara que la compañía continuó haciendo los pagos aun cuando el gobierno de Estados Unidos había designado a las AUC como Organización Terrorista Internacional (FTO) y menciona que, en 2003, un funcionario de Chiquita Brands que no es mencionado en el documento dijo al Departamento de Justicia que los pagos habían continuado debido a “la amenaza de violencia”.
Una larga historia de intervencionismo
La multinacional estadounidense, fundada en 1870, tuvo una larga trayectoria en el mercado colombiano, hasta que cesó sus operaciones en 2004. Muchos de los episodios en los que estuvo involucrada marcaron la historia del país, como fue el caso de la Masacre de las Bananeras, cuando todavía se llamaba United Fruit Company.
Esta empresa, fundada luego de una fusión entre la Boston Fruit Company y la empresa ferroviaria Minor C. Keith, estuvo involucrada en la matanza de sus trabajadores a manos del Ejército Nacional, para poner fin a una huelga que organizó el sindicato de los empleados de la multinacional.
Luego de quebrarse en la década de 1970, la compañía se reorganizó como Chiquita Brands International y, su filial en Colombia, estuvo involucrada desde finales de la década de 1990 con el paramilitarismo, un patrocinio que fue descubierto por las autoridades en 2004.
Desde 2007, la organización no gubernamental EarthRights International representa legalmente a las familias que este lunes obtuvieron una resolución a su favor, así como a otras 500 cuyas demandas aún no han sido analizadas, explicó en entrevista el asesor jurídico de la ONG, Marco Simons, quien además explica que el grupo paramilitar causó la muerte de integrantes de al menos ocho familias en el territorio colombiano.
“En este primer grupo (de demandantes) hay nueve víctimas, nueve familias. (…) El jurado concluyó que ocho de las nueve demostraron que sus familiares fueron asesinados por paramilitares de las AUC. Para una de las personas fallecidas, el jurado no encontró que hubiera sido asesinada por los paramilitares; de ocho de nueve consideró que sí lo demostraron”, dijo.
La decisión del jurado implica que Chiquita Brands International debe compensar a las familias con un monto total de US$ 38.300.000. La cantidad individual varía de una familia a otra, detalló Simons.
